Desde la entrada en vigencia del plan AUGE, hoy denominado GES, se ha acuñado al ámbito de la salud el concepto de justicia y equidad. Donde a cada persona se le asignen recursos según sus derechos, dicha enunciación emana de la afirmación de que equidad es un tipo de igualdad, de modo tal que para el caso de la salud, todo individuo tiene el mismo derecho que su semejante a recibir cuidados sanitarios. Es por ello que el negar atención a un paciente es violar su derecho constitucional a la salud.
Si la constitución del estado así como declara el derecho a la vida de todo ser, proclama también el derecho a la salud que tiene toda “persona”, ¿por qué una institución privada, se toma la atribución de rechazar a un individuo que requiere asistencia médica?. Si se habla de un derecho, se debe entender que este es una facultad que el hombre posee por el solo hecho de existir en su calidad de “persona”, es algo inherente a dicha condición. Y es por ello que ninguna clínica puede rehusarse a atender a un sujeto, pues este beneficio está adscrito constitucionalmente.
Al momento de negar una atención, las instituciones privadas se amparan en la situación económica del demandante, si este ha de tener informe financiero, o sea DICOM, no califica según la clínica para ser tratado. De este modo se antepone una situación financiera a la necesidad de ser atendido y curado. Por lo cual no es poco habitual que hombres y mujeres fallezcan o se agraven a causa de no ser abordados a tiempo, siendo este un claro ejemplo de que en el país se privilegia el derecho de una “empresa” de reservarse la admisión de sus clientes, y no el derecho a la salud.
Quienes manejan esta política respaldan su actuar en el hecho de que los honorarios impagos por parte de quienes solicitan servicios de atención en salud, han provocado incluso la quiebra de clínicas e isapres. Frente a lo señalado, es posible advertir que el foco de la defensa se basa en lo económico dejando de lado a la persona, quien ha de sufrir discriminación y rechazo.
Finalmente se ratifica el hecho de que todo individuo tiene el mismo derecho que su semejante a recibir atención en salud, y el no hacerlo constituye una violación a este prescrito. Por ello no es posible aceptar que al momento de requerir asistencia sanitaria se privilegie la situación económica de un sujeto, y no la facultad inherente a él por el solo hecho de ser “persona”. Resulta necesario también, que las instituciones que prestan este tipo de servicios replanteen sus normas, puesto que la salud de la población no es “algo” que se tase en la bolsa de comercio, ni provoque la quiebra de Isapres.
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