Desde la entrada en vigencia del plan AUGE, hoy denominado GES, se ha acuñado al ámbito de la salud el concepto de justicia y equidad. Si bien no hay una definición concreta para “justicia” hay autores que al momento de hablar de salud hacen alusión a una justicia con equidad social. Donde a cada persona se le asigne según sus derechos, dicha enunciación emana de la afirmación de que equidad es un tipo de igualdad, de modo tal que para el caso de la salud, todo individuo tiene el mismo derecho que su semejante a recibir atención en salud.
Es posible que la afirmación señalada con anterioridad hoy en día no sea discutible y es más sea aceptada a priori, sin embargo la igualdad de derechos para aquellos individuos que requieren de atención sanitaria ha de ser aceptada hasta el momento en que la persona elige el lugar de atención. Se tiene la libertad de elegir, mas no de ser aceptado por cualquier institución de salud, mejor dicho empresas que lucran con el servicio sanitario.
A diario se es testigo a través de medios de comunicación de las denuncias sobre discriminación, malos tratos y desamparo que han de enfrentar personas a quienes se les niega una atención. Si hace un par de años las clínicas se reservaban el derecho de admisión mediante un cheque en blanco, hoy ni siquiera un cheque es prenda de garantía para alguien que necesita ser atendido, pues el estar en DICOM lo impide, o mejor dicho estas “empresas” mediante esta situación seleccionan a sus “clientes, cuando en realidad es el individuo quien mediante la libertad que tiene para elegir debería seleccionar una u otra institución. Pues al momento de brindar atención a quien lo solicite, debe importar el hecho de que esta es “persona”, y no un informe comercial que para los centros privados tiene más peso que el solo hecho de ser persona.
Quienes manejan esta política respaldan su actuar en el hecho de que los honorarios impagos por parte quienes solicitan servicios de atención en salud, han provocado incluso la quiebra de clínicas e isapres, como por ejemplo lo sucedido con la Isapre Promepart. Frente a lo señalado es posible advertir que el foco de la defensa se basa en lo económico dejando de lado a la persona, quien ha de sufrir discriminación y rechazo. De este modo se postula que es una violación al derecho de “ser persona” que posee todo individuo, el anteponer fines económicos y mercantiles a la necesidad de atención y cuidados que requiere el hombre.
Finalmente se ratifica el hecho de que todo individuo tiene el mismo derecho que su semejante a recibir atención en salud. Y en base a ello no es posible aceptar que al momento de requerir asistencia sanitaria se privilegie la situación económica de un individuo y no su derecho ontológico de ser persona. Y que las instituciones que presten este tipo de servicios deben replantear sus normas, ya que la salud de la población no es “algo” que se tase en la bolsa de comercio, ni provoque la quiebra de Isapres, sino que la misma salud es también un derecho de toda persona.